Durante la ceremonia celebrada en el Palacio Nacional, el jefe de Estado enfatizó que la aplicación de este nuevo marco normativo es de carácter obligatorio para todas las instituciones públicas.
Según explicó el gobernante, la reforma no tiene como fin obstaculizar la labor estatal, sino dotarla de mayor eficiencia y previsibilidad, asegurando que cada decisión administrativa sea verificable y responda estrictamente al interés general.
El nuevo sistema pone especial énfasis en la planificación estratégica y el fortalecimiento de los controles preventivos.
«El verdadero cambio no es solo una ley nueva, sino un Estado que aprende a funcionar con normas claras y permanentes», afirmó el presidente Abinader, destacando que esta actualización alinea al país con los estándares internacionales de gobernanza y protege los recursos públicos contra la improvisación y el abuso de poder.
Por su parte, Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), resaltó que la implementación de la ley se realizará de forma gradual y contará con el acompañamiento técnico necesario para servidores públicos y proveedores.
Pimentel subrayó que la presencia de la Procuraduría General de la República y los órganos de control en el acto reafirma el compromiso de que la legalidad y la rendición de cuentas serán los pilares de esta nueva gestión contractual.
Con la entrada en vigor de este reglamento, el Gobierno dominicano busca consolidar un modelo donde las reglas institucionales prevalezcan sobre las voluntades particulares, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en el manejo de los fondos del Estad
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