La legisladora explicó que la magistrada se involucró personalmente para agilizar los análisis científicos y tecnológicos, mientras las autoridades continúan los trabajos para localizar el cuerpo de la menor, que aún no ha sido recuperado.
En el Congreso Nacional, senadores y diputados reaccionaron con dureza ante las presuntas confesiones del tío de la niña, señalando que el caso exige la aplicación de la pena máxima contemplada por la legislación vigente.
El senador Dagoberto Rodríguez sostuvo que el sistema judicial debe ceñirse a la ley y sancionar con todo el peso legal a los responsables, mientras el diputado Alfonso Rogelio Genao afirmó que toda sanción posible debe ser evaluada por el Congreso.
A pesar de las declaraciones atribuidas a Reyes Núñez Rosario, uno de los principales implicados, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, en coordinación con los organismos técnicos del Ministerio Público.
En ese contexto, el senador Franklin Romero anunció que reintroducirá el proyecto de ley de castración química, una iniciativa que ha sido debatida en legislaturas anteriores y que vuelve a la agenda tras este caso.
Romero señaló que el período de adecuación del nuevo Código Penal debe ser aprovechado para discutir mecanismos sancionadores más severos, planteando la castración química voluntaria como una opción que, a su juicio, no vulnera la Constitución.
Otros legisladores, como el senador Félix Bautista, recordaron que el marco legal actual contempla penas de hasta 30 años, además de posibles acumulaciones, dependiendo de cómo avance el proceso judicial.
El caso de Brianna Genao, de apenas tres años, continúa generando indignación social, presión legislativa y un seguimiento directo del más alto nivel del Ministerio Público.
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