La jueza Clara Luz Almonte estableció que las publicaciones del imputado constituyeron una campaña sistemática de descrédito, con lenguaje burlón e imágenes manipuladas, que violentaron la dignidad de la exfuncionaria.
La demanda, presentada en enero de 2025, fue sustentada por un equipo de abogados encabezado por Amauris Vásquez Disla y Mariela Santos Jiménez, quienes denunciaron la difusión de contenidos falsos en redes sociales.
El tribunal ordenó que la indemnización sea destinada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), en respuesta a la solicitud de la querellante.
La condena se suma a otros procesos abiertos contra Martínez, incluido el fallo reciente de tres meses suspendidos y RD$2 millones por difamación contra el diputado Sergio Moya, y la querella en curso de la ministra Faride Raful.
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